La Seguridad Jurídica en Colombia

Luis Cicery// Abogado Junior

Recientemente un tribunal administrativo colombiano, emitió una decisión que suspendió la solicitud de títulos minero en Colombia, situación que afortunadamente se alivió con una apelación de esta y la continuación de los trámites de solicitudes mineras.

Durante el mes de febrero el gobierno nacional debía sancionar la ley de creación y reglamentación de la JEP situación que no se ha solventado, el gobierno aún pretende objetarla mientras parte de la población solicita la ratificación y la JEP sigue funcionando como ha funcionado normalmente hasta ahora, sin ley.

También durante el mes de febrero se recibió por parte del canciller colombiano y una reconocida parlamentaria a un extranjero de nacionalidad venezolana que había sido expulsado del país por ser, en su momento, una amenaza para la seguridad nacional, con el efecto de la prohibición de entrada al país por diez años, plazo que no se ha cumplido.

Solo estos tres eventos nos muestran cómo en Colombia se ha entrado en una crisis para los ciudadanos, porque afecta lo más relevante para ellos en un estado constitucional de derecho, que es la ley y su aplicación, junto con el respetable y deseable derecho a la igualdad del artículo 13 constitucional.

Normalmente en un estado de derecho se espera que la seguridad jurídica, como se denomina a esta confianza en la ley y su aplicación, sea el pilar de su funcionamiento, así el relacionamiento entre particulares y estos con las instituciones deja de ser una cábala y se convierte, idealmente, en condiciones de relación predecibles, que otorgan tranquilidad y seguridad al momento de ejercer y exigir derechos.

Este principio prevé la vigencia de la ley, una pre existente y por supuesto de público conocimiento, de tal forma que los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos puedan tener la confianza de que se aplique una regla y por supuesto la conciencia de que esta regla efectivamente permite predecir o saber la actuación que su contraparte ejercerá.

De estos brochazos apenas suberificadas sobre el tema del estado de derecho, la ley, los ciudadanos, en esencia toda la conciencia que predispone la interacción en el mundo real y civilizado, en esta ocasión merece resaltar la función de los abogados, que finalmente son el profesional en que se apoya todo el giro ordinario de las actuaciones que no son cotidianas.

Así, los negocios ordinarios, las actividades comerciales, el ejercicio de derechos, la petición de condiciones de bienestar, y las actividades de vías de desarrollo se hacen examinar por estos profesionales para prever, contener, limitar y asumir los riesgos y daños dentro de estas actividades.

Luego una actividad comercial, el desarrollo de una exploración minera, o la solicitud de cobertura en salud, se convierten en este país en crisis de las actividades en las que los abogados pueden otorgar tranquilidad, pueden proponer soluciones para que la economía de las actuaciones sea favorable, en dinero y en general de cualquier esfuerzo humano.

La descripción anterior es la forma de introducir y llevarlos a esta conclusión, que en un país como Colombia, es satisfactorio contar con excelentes elementos dedicados al derecho, como los que apelan las decisiones judiciales que afectan el desarrollo económico del país, y también de las herramientas como catastro minero que hasta ahora como registro ha sido una herramienta — para las firmas que nos dedicamos a temas mineros — indispensable para llevar una garantía sobre la solicitud de títulos mineros, que evitan ilegalidad en la extracción y otorgan criterios de solución de conflictos claros.

La anterior reflexión es para tener presente que en una economía que se supone estable y hambrienta de crecimiento, la inversión como necesidad se debe atender no solamente desde lo económico, también desde lo jurídico, hacer negocios solo, se vuelve un atentado al sentido común.